Un informe del diario La Nación revela en detalle los casos denunciados a lo largo de dos décadas.

Durante muchos años, para poder dormir, Pablo Huck dejaba la radio encendida debajo de su almohada. Era uno de los mecanismos, junto con el alcohol, que utilizaba para apagar los pensamientos de furia y destrucción que lo acosaban de día y de noche. En 1993 y 1994, cuando tenía 14 años y era monaguillo de la Iglesia Santa Rosa de Lima, en Villaguay, Entre Ríos, el sacerdote Marcelino Moya abusó de él en su habitación. “Es como un zarpazo que te arrastra la inocencia”, dice Pablo, que hoy tiene 40 años. Después de una larga lucha, el 5 de abril de este año Moya fue condenado a 17 años de prisión

Desde ayer, los obispos argentinos, como los de todo el mundo, tienen sobre su escritorio un flamante protocolo para actuar en casos como el de Moya. Se trata de una iniciativa histórica del papa Francisco para intentar combatir la crisis por abusos sexuales que se ha convertido en el mayor desafío de su pontificado. A partir de ahora, el encubrimiento se equipara al abuso.

En las últimas dos décadas se conocieron decenas de casos similares, informó hoy el diario La Nación en un especial periodístico. Sin embargo, es imposible establecer con certeza la dimensión del problema. ¿Cuántos Moya hay en la Argentina? Y, sobre todo, ¿cuántos Pablo? Nadie lo sabe. A diferencia de lo que ocurrió en varios países, como Estados Unidos, Chile, Irlanda, Australia o Alemania, en la Argentina nunca hubo una investigación oficial. No la hizo la Justicia y tampoco la Iglesia.

Por el contrario, la Iglesia argentina ocultó durante años a sus sacerdotes y religiosos acusados de abuso sexual. Según admite la propia Iglesia, el mecanismo implementado para este encubrimiento fueron, en muchos casos, los traslados: al enterarse de la denuncia contra alguno de los curas o religiosos en su diócesis, era una práctica habitual que los obispos los enviasen a otra jurisdicción sin alertar sobre la acusación detrás de ese movimiento. Así se deduce del análisis de documentos y fuentes judiciales y eclesiásticas publicado por La Nación.

Las denuncias

La investigación reveló que en los últimos 20 años se comprobaron un total de 63 denuncias fundadas. En por lo menos 19 de esos casos, la Iglesia trasladó al acusado a otro destino. De cinco de esos curas o religiosos hay denuncias de abusos en más de un lugar.

“La práctica [de los traslados de religiosos acusados] ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados. Eso está reconocido en los países donde se han hecho las investigaciones más profundas, como Estados Unidos o Alemania”, admite, Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, y coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal argentina. Buenanueva es el máximo responsable de lidiar con el problema dentro de la Iglesia. “[La de los abusos] es una de la crisis más graves que tiene la Iglesia en los últimos tiempos”, dice. También lo admite el Papa. “Es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar a la Iglesia”, dijo hace tres meses.

La lista de los 63 denunciados incluye 17 casos con condena judicial, 22 con proceso judicial en marcha y 24 no judicializados, pero con denuncias consistentes en su contra (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco). Además, la Iglesia misma admitió la culpa o sancionó a los involucrados en por lo menos 23 de esos casos. En 12, les quitó el estado clerical, la máxima pena que aplica la institución.

Sin embargo, el número de casos sin denunciar es mucho mayor. “Yo no sé si hay más; seguramente no hay menos”, admite Buenanueva, al ser consultado por los 63 casos.

Crisis global

La Argentina no es un caso aislado. El de los abusos es un problema global. La crisis se hizo pública a partir de 2002, cuando The Boston Globe publicó la investigación Spotlight sobre casos ocurridos en Estados Unidos.

El proceso canónico de la Iglesia establece que el obispo es el encargado de la investigación preliminar. Si concluye que es veraz, envía el caso al Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe es el organismo encargado de seguir la denuncia y lo hace en silencio, siguiendo sus propios procedimientos. Sin darle intervención a la Justicia ordinaria. Según muchas de las víctimas que atravesaron este proceso, el objetivo es evitar un escándalo que dañe, aún más, a la institución.

La organización descentralizada de la Iglesia es uno de los factores que dificultan las investigaciones. Aunque tienen algunas instancias de coordinación nacionales, los obispos son autónomos. Dependen del Papa de manera directa. A eso se le suman las órdenes religiosas, que tienen un organigrama independiente. Más allá de estas dificultades, las nuevas recomendaciones del Vaticano establecen que, además de impulsar los juicios canónicos, los obispos deben acompañar a las víctimas y alentar las investigaciones en la Justicia. No siempre ocurre.

La posición de Francisco ha sido puesta en duda. Tuvo que pedir disculpas luego de respaldar a un obispo chileno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima, expulsado del ministerio. Las víctimas italianas del Próvolo le enviaron cartas certificadas y hasta le entregaron una en mano, en las que le explicaban que sus abusadores estaban en las sedes argentinas del instituto. Lo acusan de no haber hecho nada al respecto.

Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, la propia naturaleza de los abusos dificulta la judicialización. Al ser en muchos casos menores, las víctimas suelen callarlos. Recién logran denunciarlos años después, cuando las causas prescribieron o es muy difícil recabar pruebas. En 2018, se modificó la ley argentina para que, en el caso de los menores, el plazo de prescripción comience a computarse a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad.

Fuente: La Nación