La Justicia revocó una sentencia que ordenaba al municipio pagar 12.000 pesos a una vecina que fue mordida en la vía pública.

En Villa María, la Justicia revocó una sentencia que ordenaba al municipio pagar 12.000 pesos a una vecina que fue mordida en la vía pública y que había demandado a la comuna por las lesiones recibidas.

En primera instancia, la damnificada había logrado un fallo que obligaba al Municipio a resarcirla, pero ahora la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la ciudad de Villa María revocó la sentencia que condenaba al municipio local a pagar los daños derivados de la mordedura de un perro en la vía púbica.

En su decisión, el tribunal consideró “materialmente imposible” que el ente municipal controle absolutamente a todos los canes de la vía pública, puesto que esto demandaría evidentemente “cuantiosos medios que no estarían a disposición del órgano correspondiente”.

Una mujer que fue mordida en la pierna por un perro, mientras caminaba por la vereda, sufrió la amputación de su dedo pulgar al defenderse. A causa del daño infligido, demandó a la Municipalidad de Villa María por la falta de control de canes en la vía pública. Argumentó que una ordenanza municipal la obligaba en tal sentido. El Concejo Deliberante local había sancionado una norma que indicaba que los perros sueltos en la vía pública debían ser depositados por personal municipal en el albergue canino para, luego, encontrarles un hogar.

El juez de primera instancia había condenado al municipio a pagar una indemnización equivalente a 12.000 pesos; pero la comuna apeló la sentencia por entender que este hecho no es suficiente para señalar que presta un servicio deficiente. Alegó que sería materialmente imposible controlar a todos los perros vagabundos de la ciudad.

En la resolución dictada por la Cámara de Villa María, los vocales consideraron que la mordedura de un perro no cataloga, sin más, como deficiente o irregular al servicio público implicado. Haciendo suyas palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agregaron que “sostener lo contrario significaría tanto como instituir al Estado en un asegurador anónimo de indemnidad frente a cualquier perjuicio”.